Activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques. A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 defensores de derechos humanos entre enero y septiembre de 2018. En abril, un grupo de hombres armados secuestraron a tres familiares del líder comunitario Iber Angulo Zamora. El 5 de mayo, mientras trabajadores de la Defensoría del Pueblo llevaban a Angulo Zamora en una embarcación en el río Naya, hombres armados se lo llevaron. En junio, hombres que afirmaban pertenecer al grupo disidente de las FARC denominado “Frente Fuerza Unida del Pacífico” difundieron un video en el que anunciaban que los todos los secuestrados habían sido asesinados. Una parte importante de estos asesinatos han ocurrido en cinco zonas donde hay numerosas actividades económicas ilegales, como la producción y el tráfico de drogas: los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país; la zona nororiental de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y las zonas de Bajo Cauca y Urabá, en el noroeste del país. En julio, la Fiscalía General de la Nación informó que había emitido órdenes de captura contra los presuntos responsables de cerca de la mitad de los asesinatos de defensores de derechos humanos reportados por el ACNUDH desde enero de 2016. La Fiscalía General de la Nación señaló que 71 personas fueron detenidas en relación con estos abusos y que en cinco casos se había condenado a los autores. En agosto, el presidente Duque anunció que el gobierno establecería nuevos programas para prevenir este tipo de homicidios y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.