Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En marzo de 2018, el Congreso estadounidense aprobó fondos de asistencia por más de USD 390 millones, que se destinarían principalmente a fines de desarrollo y lucha contra el narcotráfico. Una parte de la asistencia militar estadounidense se encuentra supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. El cumplimiento de estos requisitos no ha sido exigido rigurosamente por el Departamento de Estado de EE. UU. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre crímenes que estarían comprendidos dentro de la competencia de la corte. En marzo, mayo y octubre de 2018, personal de la Fiscalía visitó Colombia para obtener información sobre procesos penales relevantes en el país. En 2016, a pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión en Colombia para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 25 de septiembre de 2019. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un rol clave en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia. En marzo de 2018, se designó a Alberto Brunori como nuevo representante del Alto Comisionado en Colombia. En un primer momento, el gobierno le otorgó un permiso temporal de trabajo, que limitaba su posibilidad de trabajar en Colombia. En mayo, el gobierno extendió el permiso. El gobierno colombiano sigue colaborando con iniciativas de la región para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Colombia es miembro del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos de la región que da seguimiento a la crisis en Venezuela. El 26 de septiembre, los gobiernos de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay remitieron la situación en Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.