De 2002 a 2008, fue habitual que miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaran a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de señalamientos de ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente desde 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos. La Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y, a marzo de 2018, había conseguido condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos). No obstante, en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Ha habido avances muy limitados en los casos contra 19 generales del Ejército que están siendo investigados por falsos positivos. En abril de 2018, la revista colombiana Semana reveló que, en 2017, el general Rodríguez Barragán, que entonces estaba al mando de las Fuerzas Armadas colombianas, pidió que otros militares interceptaran y monitorearan al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y evaluaran formas de censurar sus tuits. En octubre de 2017, ocho agricultores fueron asesinados en el municipio de Tumaco, en el sur del país, durante una protesta contra demoras en la implementación de programas destinados a la sustitución de cultivos ilegales. El Ministerio de Defensa señaló en un primer momento que disidentes de las FARC habían disparado contra manifestantes, mientras que los sobrevivientes responsabilizaron a policías. Al momento de redacción del presente, ninguna persona había sido imputada en relación con los asesinatos.